Piso de Penalidades Aduaneras: Qué Cambia en 2026

Hasta ahora, una penalidad aduanera mitigada era un resultado negociado. Con la Orden Ejecutiva de junio de 2026 sobre Fortalecimiento de la Fiscalización Aduanera, el CBP ya no puede reducir la mayoría de las penalidades por debajo del 50% del máximo. Para los equipos de compliance en comercio internacional, los números ya no son los mismos.

Qué significa el piso del 50% en la práctica

Antes de la orden ejecutiva, el CBP tenía amplia discrecionalidad para mitigar penalidades. Una infracción por negligencia sobre una diferencia arancelaria de US$ 200.000 generaba una penalidad máxima de US$ 400.000, equivalente a 2x la pérdida según el 19 USC § 1592. Con la mitigación, esa penalidad solía ubicarse entre el 10% y el 25% del máximo, dependiendo de las circunstancias y de cuánto cooperara el importador.

El nuevo piso elimina ese margen. El 50% sobre los mismos US$ 400.000 da un piso de US$ 200.000. Equipos que presupuestaban penalidades en decenas de miles de dólares ahora enfrentan montos cinco veces mayores.

La orden también instruye al CBP a imponer penalidades máximas a los agentes aduaneros (customs brokers) que no realicen la debida diligencia, representen repetidamente a clientes no conformes o no respondan a solicitudes de información dentro del plazo. La responsabilidad del broker ya no es solo teórica: tiene un costo concreto.

Por qué el momento importa

Los números de fiscalización del CBP respaldan la orden ejecutiva. Hasta abril de 2026, el CBP recaudó US$ 182,22 millones en solo 181 auditorías, con una recuperación promedio superior a US$ 1 millón por caso. En el año fiscal 2025 completo, la recaudación alcanzó US$ 235,46 millones, más del doble de los US$ 117,7 millones del año fiscal 2024.

Parte de esa aceleración viene de mejores herramientas de selección. El Automated Targeting System del CBP cruza patrones en miles de declaraciones para detectar inconsistencias de clasificación, anomalías de valoración y patrones de origen que sugieren trasbordo. Cada vez más auditorías arrancan con datos, no con denuncias.

Para los equipos de compliance eso se traduce en más auditorías, selección más precisa y penalidades mínimas más altas cuando esas auditorías encuentran problemas.

¿Qué cambia en la rutina de compliance?

La orden ejecutiva modifica la ecuación financiera en tres frentes.

Revisión de declaraciones. Cuando las penalidades mitigadas se ubicaban entre US$ 20.000 y US$ 40.000, postergar la revisión sistemática era incómodo pero justificable. Con un piso de US$ 200.000 sobre la misma exposición, el costo de no revisar ya supera al costo de revisar para la mayoría de los importadores medianos.

Divulgación previa. La divulgación previa (prior disclosure) bajo el 19 USC § 1592(c)(4) sigue limitando penalidades a los intereses sobre aranceles adeudados y elude el piso por completo. Pero tiene que ocurrir antes de que el CBP comience a investigar. Con el piso más alto, la diferencia entre autocorregirse y esperar a que el CBP encuentre el problema se amplió. Actuar temprano importa más que antes.

Retención de registros. Bajo el 19 CFR 163, los importadores deben retener registros por cinco años y presentarlos dentro de los 30 días posteriores a una solicitud del CBP. Las penalidades por incumplimiento alcanzan el 40% del valor importado (negligencia) o el 75% (incumplimiento intencional). La orden ejecutiva también instruye al CBP a ejecutar reclamaciones de daños liquidados contra bonds, de modo que los vacíos documentales que antes se pasaban por alto ahora generan consecuencias financieras concretas.

En América Latina, la lógica es parecida. Las aduanas de la región exigen conservación de documentos de comercio exterior por períodos que van de tres a diez años según la jurisdicción. La falta de documentación durante una fiscalización puede derivar en determinación de valor de oficio y multas. La autocorrección antes de la fiscalización es un atenuante reconocido en la mayoría de los marcos regulatorios regionales.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el piso de penalidad aduanera de la orden ejecutiva de 2026?

La Orden Ejecutiva de junio de 2026 sobre Fortalecimiento de la Fiscalización Aduanera fija un mínimo del 50% sobre penalidades aduaneras mitigadas. El CBP ya no puede reducir la mayoría de las penalidades por debajo de la mitad del monto máximo legal, independientemente de las circunstancias o la cooperación del importador.

¿La divulgación previa sigue funcionando después de la nueva orden ejecutiva?

Sí. La divulgación previa (prior disclosure) bajo el 19 USC § 1592(c)(4) limita las penalidades a los intereses sobre aranceles adeudados. El mecanismo es independiente de las directrices de mitigación que modifica la orden ejecutiva, así que una divulgación válida presentada antes de que el CBP inicie una investigación sigue eliminando la penalidad porcentual.

¿Por cuánto tiempo deben los importadores conservar registros aduaneros?

Bajo el 19 CFR 163, los importadores deben retener registros aduaneros por cinco años desde la fecha de entrada o desde la actividad que generó el registro. Los documentos deben presentarse dentro de los 30 días calendario posteriores a una solicitud del CBP. El incumplimiento por negligencia genera penalidades de hasta US$ 10.000 o el 40% del valor importado.

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